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  • MIGUEL PEDRO MAZON BALAGUER

Por unos honorarios dignos en la abogacia


Es cierto que, desde hace unos años, los honorarios profesionales de los abogados dejaron de estar regulados por los distintos Colegios Profesionales para pasar a la libre determinación, a mera excepción de los supuestos de condena en costas.

Esa libertad de fijación de honorarios, a mi entender, ha llevado a una guerra atroz entre los distintos despachos que no solo perjudica a los abogados ejercientes sino, también, sin duda alguna, a los clientes que acuden a los despachos, llegándose a fijar honorarios ínfimos por determinados servicios profesionales. Haciendo un repaso por internet podemos ver web de despachos =en algunos se desconoce, incluso, el titular del mismo= que ofertan un divorcio o separación por tan sólo 100,00 €, IVA y Procurador incluido; esto es, por poco mas de 61 € para el letrado.

Las imágenes siguientes son buena prueba de ello

¿Es posible que por, sólo, 61 € un abogado destine el tiempo y los recursos suficientes para redactar un convenio regulador particularizado a cada caso concreto y estudiadas las particularidades de los esposos? Indudablemente no; lo más seguro es que sean convenios tipos, basados en meros formularios, que pueden ser rellenos, incluso, por personas que carezcan de la cualificación y habilitación profesional suficiente.

Parece que, los propios abogados, nos olvidamos que para poder ejercer hemos estado preparándonos durante muchos años en la universidad y que esta profesión exige un continuo estudio y de reciclado de conocimientos. Los precios anteriores no sólo hacen que los honorarios no puedan tener la calificación de dignos =lo que empeora la opinión de los abogados en la sociedad= sino que también atenta a unos servicios de calidad para los usuarios de esos despachos.

Los Colegios Profesionales en su última revisión de las normas establecieron para los procedimientos de separación o divorcio, de mutuo acuerdo, y sin contar la redacción del convenio regulador, ni los impuestos, ni los derechos del procurador, las siguientes cantidades:

Honorarios mínimos del año 2007; han trascurrido 8 años desde entonces y, la dura realidad, es que se están ofertando divorcios o separaciones por menos del 10 %.

¿Pueden hacer algo los Colegios Profesionales? Si bien existe libertad de honorarios en principio parece que no, pero si los honorarios indicados no cubren los costes mínimos puede darse el supuesto de competencia desleal o dumping de precios pudiendo actuar de oficio contra esos despachos. No podemos olvidar que la propia Ley 3/91, de competencia desleal, persigue prácticas desleales, susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de confusión (artículo 6), denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena (artículo 12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción a la infracción contractual (artículo 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios (artículo 8), la violación de normas (artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a pérdida (artículo 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales.

Así, el artículo 4 de la Ley define la competencia desleal como “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

a) La selección de una oferta u oferente.

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.

d) La conservación del bien o servicio.

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.”

Por ello, muchos abogados reclamamos que los Colegios Profesionales actúen contra las prácticas como las descritas y, en uso de los fines para los que fueron creados, sirvan para la dignificación de la profesión y de garantía a que se presten unos servicios profesionales de calidad.


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