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  • MIGUEL PEDRO MAZON BALAGUER

LA DESPENALIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. DOCTRINA SOBRE EL ARTÍCULO 621.3 DEL CÓDIGO PENAL (


Desde hace unos meses se viene hablando en los circulos jurídicos de la próxima despenalización de los accidentes de tráfico y las posibilidades de su resolución, bien vía mediación, bien directamente en la vía civil con el consiguiente incremento de costes para la víctima. Téngase en cuenta que en muchos casos será preceptiva la intervención de Procurador y, además, deberá incrementarse el coste del procedimiento con el pago de la denominada tasa judicial y, ante la falta de un informe forense, se deberá recurrir a la contratación de un médico para, además del tratamiento médico, hacer un informe valoración del daño corporal con determinación de los dias de baja y secuelas.

Para aquel lesionado que decida que sea su aseguradora la que asuma la reclamación de los costes no tendrá mayores consecuencias siempre que, aquella, su aseguradora, sea leal y no intente un arreglo, aunque sea malo, con la responsable civil directa. Sin embargo, para aquel que decida hacer uso de la facultad contenida en la Ley de Contrato de Seguro y designe abogado de libre elección, le va a suponer tener que adelantar una importante cantidad de dinero que, con suerte, verá reintegrada hasta los límites pactados en la póliza. Hay que indicar que si bien, anteriormente, se veían pólizas con límites de 6000,00 €, lo cierto es que, actualmente, los límites estan determinados, normalmente, en 1000,00 €, habiendo encontrado casos de, tan solo, 200,00 €. Está claro que, con esos límites, dificilmente encontraremos supuestos en los que la victima no sea doblemente victima; una por el accidente sufrido y otra al tener que adelantar gastos sólo por reclamar lo que en derecho le corresponde. (En otro artículo hablaremos si el limite establecido puede suponer un fraude de ley al limitar con la rebaja de los limites gasto, de hecho, los derechos del asegurado).

En esta web ya incorporamos un artículo respecto de las modificaciones que tiene el Ejecutivo en estudio del baremo para el calculo de accidentes de tráfico que, en la práctica, supone una disminución de los importes a satisfacer a los lesionados.

Pues bien, los tribunales encargados de resolver los asuntos derivados de accidentes de tráfico, con lesiones, han creado un cuerpo jurisprudencial por el que, en la practica, se despenalizan todos los accidentes de tráfico; tan sólo quedarían dentro del Código Penal aquellos en los que en el accidente interviene otro factor tal como la ingesta de drogas o bebidas alcoholicas, la velocidad excesiva, con rango de temeraria, o la imprudencia grave. Deja de tener importancia para la "despenalización" la gravedad de las lesiones al considerarse ello propio de la etapa pre-constitucional.

Reproducimos, a continuación, el resumen de este cuerpo doctrinal creado más para aligerar la carga de trabajo de los Juzgados que por otros motivos objetivos. Lo reproducido es la resolución a un recurso de reforma contra un auto de archivo con reserva de acciones civiles por un accidente de tráfico.

" La moderna doctrina sobre la culpa establece una distinción entre la culpa penal y la civil. La imprudencia leve tipificada en el art. 621.3 del Código Penal constituye el ultimo eslabón de la negligencia criminal, que se diferencia de la culpa civil porque en aquella el grado de previsibilidad y de la violación de la norma de cuidado por parte del agente causante del daño es mayor que en esta última, que se podría definir como culpa levísima.

En nuestro ordenamiento jurídico es generalmente conocido que dentro de la imprudencia, y después de la reforma operada en el Código Penal, podemos distinguir la grave y simple –campo del Derecho Penal-, o la meramente civil. La línea diferencial entre las mismas, según la jurisprudencia y doctrina debe buscarse desde un criterio cuantitativo, es decir, en la intensidad de la culpa o en la mayor o menor gravedad del descuido. Caracterizándose la culpa grave (antes imprudencia temeraria) por la inobservancia de la más elemental prudencia (STS 4 marzo 1963), de las más elementales normas de precaución y cuidado (STS 17 abril 1963), el total desprecio de los más elementales deberes de cautela (STS 12 abril 1964), fácilmente previsible para la persona mínimamente prudente (STS 8 de marzo 1966), el olvido absoluto de los más elementales deberes de prudencia exigibles en el comportamiento humano a la persona menos cuidadosa (STS 27 noviembre 1982), una desatención grosera, elemental o vulgar (STS 21 junio 1983), o como señala la STS 3 febrero 1984, el omitir la diligencia más elemental o conducta descuidada, liviana previsión no profunda, de condición no primaria o indispensable, pero suficiente para infringir un deber de cuidado exigible a las personas diligentes en su actuar (STS 25 noviembre 1968), la omisión espiritual de la diligencia media acostumbrada en una esfera de actividad (STS 16 noviembre 1972), el olvido de las precauciones en que no hubiera incurrido el hombre medianamente precavido, cauto y previsor (sts 13 marzo 1982), o la omisión de aquella diligencia ordinaria que suelen observar los hombres prudentes (STS 13 febrero 1984). Por su exigibilidad la denominada culpa liviana o levísima, caracterizada por la exigencia de extremar la prudencia para evitar el daño (STS 9 marzo 1984), abarcando las prevenciones y cuidados que la prudencia imponga, referida esta a la del hombre menos cuidadoso, con tal de excluir el evento dañoso, máxime en aquellos supuestos en que la mera actividad ya de por si genera un riesgo (SS 21 junio 1985, 31 enero 1986 y 19 febrero 1987), observándose que el agente no ha actuado con la atención y cuidado exigible, y que correspondían a las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Por otro lado y como se indica en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 24 de febrero de 2011, “la imprudencia penal no se sustenta en la mera infracción de una norma de tráfico, sino en la infracción de una norma de cuidado que, con nexo causal, produzca un determinado resultado lesivo que, al tiempo, debe distinguirse de la mera negligencia civil. Esa norma de cuidado no tiene porque ser legal o reglamentaria, sino que basta que sea impuesta por los usos sociales, culturales o científicos, en todo caso de general conocimiento para el sentido común del ciudadano medio”.


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